Después de cinco años de mantener en secreto las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que hará públicas estas peticiones formuladas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por narcotráfico.
La decisión, comunicada este miércoles 8 de julio de 2026 a través de redes sociales, responde a solicitudes de acceso a la información y a instrucciones directas de la presidenta Claudia Sheinbaum. La SRE afirmó que “nuestro compromiso es con la transparencia”, aunque aclaró que las notas diplomáticas relacionadas con expedientes judiciales seguirán siendo reservadas por su carácter confidencial.
Este giro ocurre tras revelarse que durante cinco años la SRE había reservado la información sobre las conversaciones con el gobierno estadounidense respecto a la extradición de Rocha y otros funcionarios, argumentando que su difusión “podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano”. En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) también mantuvo bajo reserva por el mismo periodo los detalles de la declaración del gobernador con licencia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Rocha y a funcionarios de alto nivel en Sinaloa de proteger operaciones del Cártel de Sinaloa y la facción de Los Chapitos, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos millonarios.
Este caso pone en evidencia la compleja relación entre el poder político y el narcotráfico en una de las regiones más golpeadas por la violencia, y abre la puerta a un debate necesario sobre la transparencia y la rendición de cuentas en México. Mientras tanto, la SRE da un paso hacia la apertura informativa, aunque con límites claros en lo que respecta a la diplomacia.
En un país donde la justicia social y la igualdad económica siguen siendo asignaturas pendientes, la revelación de estos documentos podría ser un punto de inflexión para exigir mayor claridad y combate real a la corrupción en todos los niveles.
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