La Fiscalía General de la República (FGR) abrió nuevas investigaciones relacionadas con la detención de “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, un caso que vuelve a poner en jaque la transparencia y legalidad en la lucha contra el narcotráfico.
Este miércoles 8 de julio de 2026, en conferencia de prensa, la fiscal Ernestina Godoy reveló que hay indicios de violaciones al derecho mexicano e internacional, además de un posible acuerdo entre Ovidio Guzmán y autoridades estadounidenses para modificar su medida cautelar. Según la FGR, este pacto también habría permitido que 17 familiares de Guzmán ingresaran a Estados Unidos, un movimiento que no se ha explicado oficialmente.
Pero la controversia no termina ahí. Godoy denunció que Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos en México, negó la participación de agencias estadounidenses en la captura de “El Mayo”. Sin embargo, un reciente reporte periodístico señala que fue el FBI quien llevó a cabo la operación, lo que pone en duda la veracidad de las declaraciones diplomáticas.
La fiscal resumió la gravedad del asunto: “Todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves: una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa la transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas, previsto en diversos tratados internacionales”.
Este nuevo capítulo en la saga del Cártel de Sinaloa no solo cuestiona la estrategia oficial contra el crimen organizado, sino que también revela cómo las relaciones bilaterales pueden estar marcadas por acuerdos opacos y falta de transparencia. En un país donde la justicia y la legalidad son demandas constantes, estas revelaciones ponen en evidencia la necesidad de un escrutinio más riguroso y una rendición de cuentas real.
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