El miércoles 8 de julio de 2026, Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, ex regidor y ex asesor de diputados de Morena en Guanajuato, fue arrestado tras agredir físicamente a su esposa, Celia Carolina Valadez Beltrán, actual regidora morenista en el ayuntamiento de Guanajuato. La Secretaría de Seguridad municipal informó que el reporte llegó desde la colonia La Venada, donde un menor de edad alertó a los oficiales al gritar que su papá estaba golpeando a su mamá dentro de un vehículo.
Al llegar, los policías encontraron a Aguayo Arredondo en actitud agresiva, incluso intentando agredir a los oficiales, por lo que fue detenido. Mientras tanto, Celia Carolina y el menor fueron canalizados al área de trabajo social para recibir atención y posteriormente ser llevados ante el Ministerio Público. La regidora aseguró no necesitar atención médica, aunque el contexto de violencia familiar es evidente y preocupante.
Este episodio se suma a un historial cuestionable de Aguayo Arredondo. El 27 de marzo de 2025, el Congreso de Guanajuato emitió un exhorto al Instituto Nacional Electoral para revisar su candidatura a magistrado, debido a que fue juzgado por un fraude de 237 mil pesos en agravio del Poder Legislativo. Durante la legislatura 2015-2018, cuando fue asesor del primer diputado de Morena en Guanajuato, Óscar Aguayo utilizó su posición para crear empresas fantasma y emitir facturas falsas, saqueando recursos públicos.
Los diputados del PAN denunciaron que Aguayo incluso intentó sobornar al Congreso con 50 mil pesos para silenciar el caso, oferta que fue rechazada. Finalmente, el 16 de marzo de 2022, firmó un acuerdo reparatorio para devolver 273 mil pesos en cuatro pagos.
Este caso pone en evidencia la necesidad de que los partidos políticos y las instituciones revisen con rigor los perfiles de quienes representan a la ciudadanía, especialmente cuando se trata de personas con antecedentes de corrupción y violencia. Mientras tanto, la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad urgente que no puede ser ignorada, ni siquiera cuando la víctima es una funcionaria pública.
En un país donde el transporte público como el cablebús o teleférico se promueven como alternativas para mejorar la movilidad y la calidad de vida, también es fundamental que las políticas públicas y la justicia social se enfoquen en erradicar la violencia y la impunidad en todos los ámbitos.
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