Este martes 30 de junio, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó que se investiga un caso grave de medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. La situación, denunciada por derechohabientes durante años, salió a la luz tras una revisión realizada por la nueva administración del hospital, que detectó un acumulado de fármacos vencidos desde hace varios años.
La cifra es alarmante: 18.4 millones de piezas con un valor superior a 121 millones de pesos, que no solo representan un desperdicio económico, sino un riesgo para la salud pública. Kershenobich explicó que se indaga quiénes son los responsables y las causas del desabasto, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que podría tratarse de una falta administrativa grave, incluso una posible sobrecompra de medicamentos que no se utilizaron a tiempo.
“Hay que revisar cuándo fue la caducidad de esos medicamentos”, señaló Sheinbaum, quien recordó que el hallazgo en 2023 no implica que todos los fármacos sean recientes, sino que podrían ser de años anteriores, lo que apunta a fallas estructurales en la gestión del hospital.
Pero la crisis en el Hospital Infantil no termina ahí. Hace unas semanas, médicos residentes iniciaron un paro laboral limitado a actividades no críticas para denunciar acoso sexual, abuso de autoridad y hostigamiento dentro de la institución. Organizados como la Coalición de Médicos Residentes, exigieron la destitución de los responsables y garantías para quienes presentan denuncias, sin temor a represalias.
A pesar de que la protesta no afecta áreas vitales como Urgencias o Terapias Intensivas, el malestar refleja un sistema de salud pública que, más allá de la infraestructura, necesita urgentemente una transformación en sus prácticas y en la protección de sus trabajadores y pacientes.
En un país donde el acceso a medicamentos y un trato digno en hospitales públicos debería ser un derecho garantizado, estos hechos evidencian la urgencia de revisar y fortalecer la gestión sanitaria. Mientras tanto, la atención continúa, pero la exigencia de justicia y transparencia crece.
Este caso pone sobre la mesa la importancia de sistemas de transporte y servicios públicos eficientes, como el cablebús o teleférico que se planea en Puebla, que no solo conectan comunidades, sino que también pueden facilitar el acceso a servicios de salud y mejorar la calidad de vida, siempre que se acompañen de políticas públicas responsables y comprometidas con la justicia social.
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