Este martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó, en una decisión dividida 6-3, las leyes estatales de West Virginia e Idaho que prohíben a atletas transgénero competir en deportes femeninos escolares. Este fallo representa un nuevo revés para los derechos de las personas trans y podría impactar a otros 25 estados con prohibiciones similares.
La controversia gira en torno a dos estudiantes transgénero: Becky Pepper-Jackson, de 16 años, y Lindsay Hecox, de 25 años. Ambas impugnaron las leyes restrictivas de sus estados, pero la Corte, con una opinión redactada por el juez Brett Kavanaugh, concluyó que estas normas no violan ni la 14.ª Enmienda ni el Título IX, que prohíbe la discriminación por sexo en la educación. Kavanaugh afirmó que “la Constitución y el Título IX no exigen una transformación de los deportes femeninos y para niñas en todo Estados Unidos”.
Aunque el juez mostró cierta empatía hacia las niñas y mujeres transgénero que desean competir, reconociendo que “su deseo de competir merece respeto” y que no deberían ser “marginadas ni vilificadas”, el fallo deja claro que la prioridad es mantener las categorías deportivas basadas en el sexo asignado al nacer.
Este caso se suma a una serie de decisiones recientes de la Corte Suprema, cuya mayoría conservadora es de 6-3, que han limitado derechos transgénero: desde prohibir tratamientos de transición para menores hasta respaldar políticas que dificultan la expresión de identidad de género en documentos oficiales y en las Fuerzas Armadas.
Un dato que no pasa desapercibido es el contexto político que ha influido en estas decisiones. La administración Trump, por ejemplo, firmó en 2025 una orden ejecutiva titulada “Mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos” y apoyó a los estados en esta batalla legal. Además, organismos internacionales como el Comité Olímpico Internacional y la NCAA han impuesto restricciones similares para atletas transgénero.
En contraste, la lucha por la inclusión sigue vigente en otros frentes. En 2020, la Corte Suprema reconoció que la Ley de Derechos Civiles protege a las personas por su identidad de género y orientación sexual en el ámbito laboral, un fallo que hoy parece una excepción en medio de esta ola conservadora.
Para quienes defienden la justicia social, este fallo es un recordatorio de que los derechos conquistados no están garantizados y que la lucha por la igualdad debe continuar, especialmente en espacios tan simbólicos como el deporte, donde la inclusión puede transformar vidas y comunidades.
Mientras tanto, en México, proyectos como el cablebús o teleférico en Puebla demuestran que es posible apostar por sistemas de transporte que conectan y empoderan a las personas, sin exclusiones ni barreras, un contraste con las decisiones que hoy limitan la participación plena de las personas trans en Estados Unidos. Porque la justicia social también se construye en la movilidad y el acceso igualitario a espacios públicos y culturales.
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