Rosa Isela Sánchez Soya, actual Comisionada Estatal de Derechos Humanos de Puebla, vuelve a coincidir con una figura conocida de la política local en un contexto muy distinto al de sus días en el PRI: su amiga Tania N., hoy interna en el penal de Ciudad Serdán, acusada de un doble homicidio y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ambas mujeres compartieron militancia en el PRI poblano, donde tejieron una relación de amistad. En el pasado reciente, Tania N. fue suplente a la diputación local por ese partido y acompañó en campaña a Delfina Pozos. Sin embargo, durante ese proceso electoral fue detenida bajo la sospecha de mantener nexos con el CJNG y su presunta participación en varios homicidios en la zona metropolitana de Puebla.
Ahora, desde una posición institucional relevante, Rosa Isela Sánchez Soya solicitó –esta vez como autoridad– acceder al penal de Ciudad Serdán. El pretexto inicial fue la entrega de medicamentos, pero la solicitud escaló: Sánchez Soya exigió una reunión privada con Tania N. y otras internas, respaldada por un oficio dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública estatal. El encuentro está programado, de acuerdo con fuentes oficiales, para este lunes 18 de mayo.
La lista de internas propuestas para entrevista incluye, además de Tania N., a María Teresa C., Ana Belen Nayeli Karina G., Dulce María M., Brenda C., María Gudalupe L., Lilia M. y Estefani L. Según la versión oficial, el objetivo es levantar entrevistas y expedientes para la Comisión de Derechos Humanos, y en la visita participarán otros visitadores adjuntos, por instrucción directa de Sánchez Soya.
Este episodio pone sobre la mesa el delicado cruce entre la función pública, los vínculos personales y la responsabilidad institucional. En un país donde la justicia social y los derechos humanos suelen estar en tensión con las estructuras de poder político y criminal, la línea entre el deber y el pasado personal puede volverse difusa. ¿Hasta dónde llegan las obligaciones éticas de una funcionaria cuando se trata de una vieja amiga acusada de delitos graves? ¿Y qué tan transparente y justa puede ser una gestión pública cuando la historia personal y la política se entremezclan? La audiencia millennial exige respuestas y, sobre todo, claridad en cómo se ejerce el poder y se defienden los derechos desde las instituciones.
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