El debate sobre el acceso justo al transporte público en Puebla volvió a encenderse tras las declaraciones del diputado local Elpidio Díaz Escobar, de Fuerza por México. En una postura que ha generado inquietud y molestias entre jóvenes y colectivos estudiantiles, Díaz propuso eliminar los descuentos en el pasaje para estudiantes, argumentando que “ya les dan becas para eso”.
La declaración fue realizada el 15 de mayo de 2026, antes de una sesión pública ordinaria, cuando el legislador justificó su postura señalando el aumento en los costos de operación del transporte: “Han aumentado demasiado los insumos, el diésel, las infracciones y papeleos. El pasaje ya no es rentable y el descuento a estudiantes afecta la economía de los transportistas”, afirmó. Díaz también recordó que, en el pasado, el gobierno estatal subsidiaba el transporte público, algo que, según él, ya no ocurre.
Esto abre varias preguntas clave para quienes dependen del transporte público todos los días: ¿Realmente las becas cubren el gasto de movilidad de los estudiantes? ¿Qué alternativas existen para garantizar su derecho a la educación y la movilidad?
Según el diputado, sería viable aumentar la tarifa del pasaje entre un peso y un peso con cincuenta centavos, y eliminar la tarifa preferencial para estudiantes. Argumentó que los apoyos federales que reciben, sumados a la existencia de la Red Urbana de Transporte Público (RUTA) —que tiene una tarifa menor a la de los concesionarios—, deberían ser suficientes. Sólo personas con discapacidad y adultos mayores, sostuvo, deberían conservar promociones en el pasaje.
La postura de Díaz Escobar contrasta con la realidad cotidiana de miles de estudiantes poblanos, que a menudo deben desplazarse largas distancias y, para muchos, el transporte representa un gasto significativo en su presupuesto mensual. Organizaciones estudiantiles han señalado que los apoyos federales, como las becas Benito Juárez, no siempre llegan a todos ni cubren todas las necesidades, y que eliminar el descuento sería un golpe directo a su derecho al acceso a la educación.
El debate sobre tarifas también se cruza con la calidad y estado de las unidades. Ante reportes ciudadanos de unidades en mal estado que sin embargo aprobaron la revista vehicular, Díaz aclaró que estas siguen circulando porque cumplen con el máximo de antigüedad permitido por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), que es de 10 años.
La discusión de fondo no es solo sobre tarifas, sino sobre el modelo de movilidad y el acceso igualitario a derechos básicos como la educación. En un contexto donde el transporte público es esencial para millones de personas jóvenes, la pregunta sigue abierta: ¿Quién debe cargar con el costo de la movilidad? ¿El estudiantado, el Estado o los concesionarios? El reto es construir políticas que no dejen a nadie atrás.
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