La clínica de maternidad La Sagrada Familia, ubicada en San Pedro Cholula y donde murió “Vicky”, una niña de 6 años, pertenece al exdiputado local Ignacio Alvízar Linares, quien también fue investigado por irregularidades durante su paso como secretario de Educación Pública en el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido.
Este dato no es menor: la clínica fue fundada en 2014 por Alvízar junto a su entonces esposa, Irma Palacios García, con quien compartía negocios en constructoras. En ese momento, Alvízar era diputado local por Movimiento Ciudadano y luego regidor en San Pedro Cholula, donde opera la clínica.
Aunque en Facebook la clínica se promocionaba desde 2013 con un video casero que prometía “las mejores instalaciones” y “tecnología de primer nivel”, la realidad dista mucho de esa imagen. El espacio es reducido, con pocas cunas para recién nacidos y equipo médico limitado, un contraste evidente frente a otros hospitales.
En mayo de 2016, medios locales reportaron que la clínica no contaba con cédula de empadronamiento desde 2013 y hasta ese año. Además, fue clausurada en 2015 por incumplir con los lineamientos de uso de suelo. A pesar de una multa de 18 mil pesos por retirar los sellos, la clínica siguió operando.
En 2018, Alvízar nombró gerente a Jane Jessica Espinoza Agis, quien se convirtió en su esposa y lo acompañó durante su cargo como subsecretario y luego secretario de Educación en el gobierno de Pacheco Pulido. Para 2022, el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que Alvízar estaba prófugo y sin actividad pública registrada.
Las reseñas en Google reflejan la experiencia de pacientes que han denunciado negligencias y malas condiciones:
– Brandon, hace dos años, relató que a su esposa no le dieron un primer baño al bebé, lo que aumentaba el riesgo de infección, y que le recetaron un medicamento para adultos. Además, reportó cucarachas en las habitaciones.
– Carlos Sánchez calificó la atención como mala, con personal grosero y prepotente.
– Un testimonio de hace cinco años advertía sobre el riesgo de acudir a esta “clínica negligente”.
A pesar de la clausura parcial de quirófanos, sala de partos y de internamiento, el personal sigue operando con normalidad. En una llamada reciente, la administración confirmó que ofrecen consultas de valoración y hasta renta espacios para que médicos externos realicen procedimientos, sin mencionar la clausura vigente.
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió un expediente de atención temprana y aseguró únicamente el quirófano.
El caso de “Vicky” es especialmente doloroso: la menor fue llevada para un procedimiento menor, pero horas después la clínica notificó a la familia que debía recoger su cuerpo, sin dar explicaciones claras sobre las complicaciones.
Este episodio pone en evidencia la precariedad y falta de regulación en clínicas privadas que, bajo la sombra de figuras políticas, operan con impunidad y ponen en riesgo la vida de quienes buscan atención médica. Mientras tanto, la urgencia de sistemas de transporte y servicios públicos dignos, como el cablebús que se planea en Puebla, se vuelve aún más evidente para conectar y mejorar el acceso a servicios de calidad en la región.
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