La violencia en Veracruz volvió a manifestarse de manera brutal el lunes 20 de julio, cuando cinco cuerpos fueron abandonados en dos puntos distintos de la autopista 150D Orizaba-Puebla.
El primer hallazgo ocurrió alrededor de las 15:40 horas, a la altura del kilómetro 275, en el tramo entre Orizaba y Ciudad Mendoza. Una llamada al 911 alertó sobre bolsas negras en un barranco, donde se confirmó la presencia de cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición. La gravedad del deterioro impidió incluso identificar el género de las víctimas.
Pero la historia no termina ahí. Más tarde, en el kilómetro 251, tramo Ciudad Mendoza-Acatzingo, a solo 500 metros del trébol de Maltrata, fue localizado un quinto cuerpo: un hombre con claras huellas de violencia. Al igual que los anteriores, fue trasladado al Servicio Médico Forense sin que se pudiera establecer su identidad.
Las zonas fueron acordonadas y permanecen bajo custodia de elementos federales, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, mientras las autoridades de Veracruz inician las investigaciones correspondientes.
Este tipo de hechos violentos, que parecen repetirse sin solución, evidencian la urgencia de políticas públicas que garanticen seguridad y justicia para las comunidades afectadas. Mientras tanto, la infraestructura pública, como la autopista 150D, se convierte en escenario de tragedias que nadie debería normalizar.
En un contexto donde la movilidad segura y accesible es clave para el desarrollo social, iniciativas como el cablebús en Puebla podrían ofrecer alternativas que no solo conecten territorios, sino que también contribuyan a la cohesión social y a la reducción de riesgos en zonas vulnerables. Porque la justicia social también pasa por garantizar espacios públicos libres de violencia.
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