Sentencian a 56 años a José María Sosa por desaparición de Paulina Camargo, pero ella y su bebé siguen sin aparecer

Después de casi 11 años de incertidumbre, José María Sosa Álvarez fue sentenciado este viernes 17 de julio de 2026 a 56 años de prisión por la desaparición de Paulina Camargo Limón, ocurrida en agosto de 2015. La joven, que estaba embarazada de cuatro meses y medio, desapareció tras acudir a una cita médica junto con José María N., padre de su hijo, en la colonia San Manuel, cerca de Plaza Solé.

La sentencia marca un avance importante en la búsqueda de justicia para Paulina y su bebé, aunque la madre de la joven, Rocío Limón, dejó claro que la lucha no termina aquí. “Se logró hacer justicia para ella y para el bebecito, pero esto sigue siendo muy doloroso”, dijo al término de la audiencia.

Rocío recordó que la desaparición es un hecho irreversible y que la sentencia confirma la responsabilidad de Sosa Álvarez, conocido como Chema, quien ya había sido detenido y encarcelado en el penal de San Miguel. Sin embargo, la historia judicial no ha sido sencilla: inicialmente fue condenado a 16 años por homicidio y aborto, pese a que el cuerpo de Paulina nunca apareció. Después, gracias a recursos legales de su defensa, fue absuelto de esos cargos.

Este viernes, el Tribunal de Enjuiciamiento dio lectura a la nueva sentencia que reconoce la desaparición forzada como delito, con una condena mucho más severa. La familia y colectivos que han acompañado la búsqueda celebraron la resolución con abrazos, consignas y tambores, pero la ausencia de Paulina y su bebé sigue siendo un vacío que no se llena.

La historia de Paulina no solo es un caso más de desaparición; es un recordatorio de la urgencia de fortalecer los mecanismos de búsqueda y protección para mujeres y personas gestantes en México. Mientras tanto, la familia Limón seguirá acompañada por colectivos que mantienen viva la esperanza de encontrar a Paulina y a su hijo.

Este caso también pone en evidencia la necesidad de un sistema de justicia que no solo castigue, sino que garantice verdad y reparación para las víctimas y sus familias. En un país donde las desapariciones forzadas son una herida abierta, cada sentencia como esta es un paso, aunque insuficiente, hacia la justicia social que tanto se reclama.