El pasado 27 de marzo, a las 2:00 de la mañana, una familia de San Lucas el Grande, en San Salvador El Verde, vivió una madrugada que difícilmente olvidará. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) llegaron con múltiples unidades y armas para ejecutar un cateo en el Aserradero El Ciprés, propiedad de esta familia, que ahora denuncia un saqueo y una actuación sin fundamentos claros.
Flor Ruiz y su mamá relatan cómo más de 10 agentes irrumpieron en su vivienda y en la casa contigua donde viven otros familiares con cuatro menores. Ante la intimidación, se resguardaron en la azotea mientras su papá, dueño del terreno, fue negado el acceso y no le mostraron la orden judicial.
Al bajar a las 7 de la mañana, encontraron la casa revuelta: cámaras desactivadas, ropa y cajones abiertos, y lo más grave, objetos de valor desaparecidos. “Mis ahorros, carteras con dinero, alhajeros y las joyas de mi hija se las llevaron”, cuenta la madre.
La situación empeoró en la casa contigua, donde el hermano de Flor fue detenido sin explicación, mientras su esposa e hijos fueron encerrados en un auto y amedrentados con armas. Además, todos los vehículos particulares y varios camiones de carga del negocio desaparecieron sin justificación, incluso con choferes presentes.
La familia logró acceder a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/CJMPUEBLA-I/003921/2026, donde detectan irregularidades. El cateo fue autorizado por el juez Arturo Barranco Montoya, quien, según la familia, está bajo investigación por la Fiscalía General de la República, aunque sin detalles públicos.
La orden judicial se basó en denuncias vecinales sobre adolescentes trabajando en el aserradero y vehículos con vidrios polarizados y placas de otros estados, presuntamente para investigar trata de personas con fines de explotación laboral infantil. Sin embargo, la familia denuncia que la Fiscalía negó la presencia de menores, no documentó los objetos sustraídos ni la presencia del Ejército, y minimizó el número de agentes que participaron, a pesar de que las cámaras de seguridad muestran lo contrario.
“Este es el tipo de servidores públicos que abusan de su autoridad y jueces que autorizan cateos sin pruebas sólidas, solo con testimonios sin respaldo”, denuncian.
En un video difundido en redes sociales, la familia niega las acusaciones y pide apoyo ciudadano para que su historia se conozca, se haga justicia y puedan reactivar su negocio, afectado por estas irregularidades.
Este caso pone sobre la mesa la necesidad de transparencia y respeto a los derechos en las acciones de justicia, especialmente cuando afectan a comunidades y pequeños negocios que luchan por salir adelante.
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