La comparecencia de José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, sobre el proyecto del Cablebús en el Congreso del Estado de Puebla, se vio empañada por una protesta violenta encabezada por el activista Renato Romero Camacho. Este miércoles 15 de julio de 2026, mientras se discutían los detalles técnicos y financieros del sistema de transporte, afuera del recinto legislativo se vivieron momentos de tensión que terminaron en confrontaciones y daños al patrimonio público.
Romero, conocido por su activismo en defensa del agua y el territorio en municipios como San Miguel Xoxtla, Nealtican y la región Libres-Oriental, ha sido una figura recurrente en movilizaciones contra proyectos de infraestructura relacionados con la gestión hídrica en Puebla. En 2025 fue detenido tras una protesta en San Miguel Xoxtla, aunque un juez decidió no vincularlo a proceso por falta de pruebas.
Lo que comenzó como una manifestación legítima terminó desvirtuada por un grupo de choque que él encabezó, generando un debate inevitable: ¿dónde está el límite entre el derecho a la protesta y la violencia que termina afectando a la comunidad?
Mientras el Cablebús avanza como una alternativa de transporte público que podría mejorar la movilidad y reducir la desigualdad en Puebla, estas escenas recuerdan que la resistencia social también puede tomar caminos conflictivos. La discusión sobre el proyecto no solo es técnica o financiera, sino también política y social, y exige escuchar todas las voces sin caer en la polarización que solo beneficia a quienes quieren frenar el progreso.
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