El pasado 24 de junio, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que han dejado una huella devastadora en el país. A casi tres semanas de esos sismos, la cifra oficial de fallecidos ascendió a 4,561, según informó este lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Además, 16,740 personas resultaron heridas y 17,907 continúan sin hogar, mientras que el Gobierno no ha dado a conocer datos sobre los desaparecidos. En la respuesta al desastre, permanecen desplegados 2,471 rescatistas internacionales y 30,692 voluntarios, una movilización que refleja la magnitud del reto humanitario.
Caracas, y en particular el municipio de Chacao, ha sido uno de los epicentros del daño. El alcalde Gustavo Duque informó que en esta zona, considerada la “zona cero” del desastre en la capital, al menos 68 personas murieron y tres edificios colapsaron. Tras una inspección detallada, se clasificaron 46 edificios como inhabitables, marcados con pegatinas rojas, y otros 157 con riesgo moderado, señalados con pegatinas amarillas.
Un dato relevante es que la mayoría de los edificios en riesgo moderado son construcciones antiguas, previas al terremoto de 1967, que también dejó una marca profunda en Caracas. Las edificaciones posteriores a ese sismo cumplen con normativas antisísmicas, lo que subraya la importancia de la regulación y la planificación urbana para enfrentar estos fenómenos.
Este desastre pone en evidencia la urgencia de fortalecer la infraestructura y los sistemas de protección civil en Venezuela, un país que, como muchas otras naciones latinoamericanas, enfrenta la amenaza constante de la naturaleza y la necesidad de respuestas solidarias y coordinadas. Mientras tanto, la comunidad internacional y los voluntarios continúan trabajando para mitigar el impacto de esta tragedia que aún deja a miles en la incertidumbre.
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