El pasado 24 de junio, dos terremotos sacudieron Venezuela, dejando un saldo trágico de más de 4,500 muertos. Entre las víctimas estuvo una pareja española: Luis María Olalde Quintela y su esposa Alazne Solabarrieta. Mientras ella falleció bajo los escombros, Olalde fue rescatado con vida de un edificio derrumbado en una zona de clase media en Caracas.
Este rescate no solo fue un acto de supervivencia, sino que también reactivó procesos judiciales en España contra Olalde, conocido como Txistu, por su presunta participación en el comando ‘Urola’ de ETA, la organización separatista vasca disuelta. Se le acusa de estar involucrado en un atentado en 1979 que terminó con la vida de tres guardias civiles españoles, según reportó La Voz de Galicia.
Olalde lleva décadas viviendo en Venezuela, donde llegó durante la década de 1980 en el marco de acuerdos entre el entonces presidente español Felipe González y el venezolano Carlos Andrés Pérez. A principios de este siglo, España ya intentó su extradición sin éxito. Actualmente, figura en la lista de prófugos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado español, que a finales de 2025 incluía a más de veinte fugitivos en países como Brasil, Cabo Verde, Cuba, Francia, México, Uruguay y Venezuela, según El País.
La organización Dignidad y Justicia, que defiende a víctimas de ETA, ha señalado que la reciente aparición de Olalde en Venezuela representa una oportunidad única para que responda ante la justicia española por los actos terroristas que se le imputan.
Este caso pone en evidencia cómo las complejas relaciones internacionales y los acuerdos políticos pueden dejar en el limbo procesos judiciales durante décadas, mientras las víctimas siguen esperando justicia. En un país como Venezuela, golpeado por desastres naturales y crisis sociales, la llegada de estas noticias recuerda que la justicia y la memoria histórica no pueden quedar enterradas bajo los escombros del olvido.
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