El pasado 9 de julio, en un evento público frente a miles de militantes, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, adelantó la candidatura de su esposa, Ruth González, para la gubernatura en las elecciones de 2027. Ella representará al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), partido que ya ha mostrado respaldo a esta decisión, a pesar de las advertencias de Presidencia y Morena sobre las reglas contra el nepotismo.
Manuel Velasco Coello, coordinador del Senado y figura clave del PVEM, reiteró su apoyo a Ruth González, quien desde febrero de este año ya figuraba como favorita en encuestas internas del partido, con una ventaja de más de 20 puntos.
En su discurso ante sus seguidores, la senadora González evocó el lema “Es tiempo de mujeres”, popularizado en la campaña de Claudia Sheinbaum, y defendió la capacidad femenina para gobernar: “Cuidamos hijos, cuidamos casa, cuidamos marido, nos cuidamos a nosotras, las mujeres podemos hacer todo al mismo tiempo, así que una mujer puede gobernar San Luis Potosí”.
Sin embargo, este destape no está exento de controversia. Ricardo Gallardo enfrenta denuncias por presunto lavado de dinero y financiamiento ilícito de campañas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara una denuncia en su contra y la de otros dos gobernadores por desvío de recursos públicos. Según la UIF, se investiga el desvío de 724.6 millones de pesos provenientes de los municipios de Soledad Graciano Sánchez y San Luis Potosí, gobernados por Gallardo y su padre.
En 2021, La Silla Rota reveló documentos que evidencian un aumento considerable de recursos a través de empresas vinculadas a Gallardo, donde figura como accionista y representante legal.
Mientras el PVEM apuesta por mantener el control en San Luis Potosí con esta candidatura, la sociedad observa con atención cómo se entrelazan intereses familiares y políticos en un contexto marcado por acusaciones de corrupción. En un país donde la justicia social y la transparencia son urgentes, este episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reglas claras y vigilancia ciudadana para evitar que el poder se herede como un negocio privado.
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