La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acaba de publicar su Recomendación 208VG/2026, un documento de 867 páginas que vuelve a poner sobre la mesa un tema que sigue siendo un dolor nacional: la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En este nuevo informe, la CNDH cuestiona la hipótesis que durante años colocó al Ejército como el actor principal en la desaparición forzada de los jóvenes. Según el organismo, no hay pruebas suficientes para sostener que los militares ejecutaron una operación masiva de represión política contra los estudiantes.
Esta narrativa, que en distintos momentos de la investigación fue impulsada, terminó debilitando las pesquisas contra policías municipales, autoridades locales y el grupo criminal Guerreros Unidos, quienes, según la CNDH, tienen una responsabilidad más clara en los hechos.
El organismo señala que, a pesar de una exhaustiva investigación, no ha podido acreditar la participación directa de ningún elemento del Ejército en la violencia ni en la desaparición de los normalistas. “Mucho menos la existencia de un plan diseñado para hostigar y eliminar a los estudiantes”, puntualiza la recomendación.
Sin embargo, la CNDH considera indispensable concluir la investigación sobre una posible complicidad de mandos militares, pero como individuos, no como institución. La información más reciente que pudo consultar la Comisión data de septiembre de 2025, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) tenía en proceso la integración de investigaciones contra cuatro militares por delincuencia organizada, y la instrucción contra 17 elementos por delitos que incluyen desaparición forzada y homicidio calificado.
Las acusaciones contra militares provienen principalmente de testimonios de testigos protegidos, quienes fueron exmiembros de Guerreros Unidos, y de conversaciones extraídas de celulares que, aunque formaron parte del Primer Informe de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa (CoVAJ), fueron invalidadas por varios actores.
Por otro lado, los testimonios de estudiantes sobrevivientes confirman que el día de los hechos, cuando algunos normalistas bajaron del primer autobús, policías municipales de Iguala y Huitzuco los golpearon, sometieron, esposaron y tiraron al piso boca abajo.
La CNDH también documenta la presencia de policías estatales y federales en puntos clave del recorrido de los autobuses, donde hubo disparos y violencia.
Respecto a quién dio la orden para desaparecer a los estudiantes, la recomendación apunta a dirigentes de Guerreros Unidos en colusión con autoridades locales. Incluso cita un mensaje entre dos mujeres, Yaza y Karen, donde se menciona que un hombre “muy enojado” habría ordenado “recuperar su mercancía y eliminar a todos a discreción”.
Este nuevo informe vuelve a evidenciar que, mientras el Ejército queda fuera del centro de la escena, la responsabilidad política y criminal sigue apuntando hacia actores locales y grupos del crimen organizado, un recordatorio de que la justicia en México sigue siendo un camino largo y lleno de obstáculos.
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