La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” lanzó una alerta sobre un preocupante intento de criminalización del periodismo en Tenancingo, municipio donde la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco habría utilizado un presunto secuestro —que ella misma difundió en video— para frenar las críticas en su contra.
El conflicto estalló tras la emisión de citatorios por parte de la policía municipal hacia cuatro periodistas que participan en “La Madeja Política de Tenancingo”: Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez. Estos comunicadores fueron señalados en la carpeta de investigación 275/2026 por supuestos actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidación y daño a la reputación, todo derivado de publicaciones y comentarios en redes sociales sobre la alcaldesa.
Lo curioso —y preocupante— es que las acusaciones incluyen expresiones de sarcasmo e ironía, herramientas básicas del análisis crítico que estos periodistas emplean para cuestionar temas como servicios públicos, obra pública, transparencia, sueldos y nepotismo en la administración municipal.
El colectivo advierte que este caso abre un debate urgente sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de funcionarios públicos, pero también sobre cómo se pondera el interés público frente a figuras políticas en funciones.
Los comunicadores fueron citados ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG) en Metepec, donde comparecieron tras ser notificados el pasado 2 de junio. En ese proceso, les advirtieron sobre posibles sanciones económicas por un supuesto daño psicológico a la alcaldesa, quien habría solicitado una reparación de 125 mil pesos para cada uno.
Además, la agrupación denunció que la presidenta municipal pidió a la ciudadanía evitar comentarios en redes sociales sobre su gestión y no difundir contenidos de la prensa local, lo que representa una clara restricción a la libre discusión pública y al debate democrático.
Los periodistas sostienen que su trabajo se basa en investigación y solicitudes de información pública, y que sus contenidos están protegidos por el derecho a la libertad de expresión y al escrutinio del desempeño gubernamental.
Finalmente, “100 Periodistas por el Estado de México” hizo un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al titular de la Fiscalía General de Justicia y al Congreso local para que garanticen condiciones seguras para el ejercicio periodístico y eviten la criminalización de quienes informan, justo en un momento clave con las reformas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos en la entidad.
Este caso no solo pone en jaque la libertad de expresión en el Estado de México, sino que también evidencia cómo el poder político puede intentar silenciar la crítica con estrategias que bordean la intimidación y la censura. En tiempos donde la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca, la defensa del periodismo independiente es una batalla que nos involucra a todos.
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