El 18 de junio de 2026, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en el Estado de México confirmó por unanimidad la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta Cisneros, acusado durante casi dos décadas de secuestro y de liderar la banda de ‘Los Zodiaco’.
Este fallo refrenda la libertad que Vallarta obtuvo el 1 de agosto de 2025, cuando salió del penal del Altiplano tras una sentencia absolutoria dictada por una jueza del Estado de México. La Fiscalía General de la República (FGR) había apelado la decisión, argumentando que el secuestro es un delito grave y que no se podía dejar en estado de indefensión a las víctimas. Sin embargo, el tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar la culpabilidad de Vallarta.
La historia de Israel Vallarta es un reflejo de las fallas del sistema judicial mexicano. Detenido en diciembre de 2005 junto a su entonces novia, la francesa Florence Cassez, su caso se volvió emblemático por la transmisión en vivo de su detención, que luego se reveló como un montaje mediático. La detención real ocurrió un día antes y el reportaje oficial contenía inconsistencias que pusieron en duda la veracidad del proceso.
Este caso no solo expuso la manipulación mediática y judicial, sino que también provocó un conflicto diplomático entre México y Francia. Mientras Cassez obtuvo su libertad en 2013 por violaciones a sus derechos, Vallarta permaneció encarcelado sin sentencia durante casi 20 años.
En 2021, la polémica se intensificó cuando se detuvo a Luis Cárdenas Palomino, exalto mando vinculado a Genaro García Luna, por presunta tortura relacionada con este caso, evidenciando la profunda corrupción y violaciones a derechos humanos en el sistema de seguridad y justicia.
Al salir de prisión, Vallarta declaró: “Siempre supe que fui inocente y eso fue lo que me mantuvo. La esperanza de que sabía que algún día iba a ser justicia. Que algún día se iba a ir a escuchar no con las mentiras”.
Este episodio es un recordatorio urgente de la necesidad de un sistema judicial transparente y justo, que no permita que personas permanezcan años privadas de su libertad sin pruebas contundentes, y que garantice los derechos colectivos frente a la impunidad y el abuso de poder.
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