El diario estadounidense Los Angeles Times reveló que las investigaciones de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado alcanzaron a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, ambos de Morena.
Según LA Times, EU habría revocado discretamente las visas de ambos mandatarios estatales mientras se les investiga por posibles nexos con el crimen organizado. Sin embargo, pese a esta cancelación, tanto Durazo como Villarreal continúan ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial llamado “libertad condicional por beneficio público significativo”, un mecanismo que suele usarse para personas que colaboran con las autoridades o participan como testigos en investigaciones.
Las respuestas no se hicieron esperar. El Gobierno de Sonora calificó como “completamente falsa” la información y aseguró que Alfonso Durazo cuenta con visa vigente y no ha sido notificado de ninguna investigación por parte de EU. Paloma Teran, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social, rechazó categóricamente los señalamientos sin sustento.
De manera similar, Tamaulipas rechazó las acusaciones contra Américo Villarreal, calificándolas de “falsas” y “sin una sola prueba que las respalde”.
En medio de esta polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió claridad y cuestionó la intención detrás de la supuesta revocación de visas y su difusión pública: “¿Qué intención con quitar la visa y además, hacerlo público?”, señaló.
Este episodio pone sobre la mesa la compleja relación entre México y Estados Unidos, donde las investigaciones contra funcionarios pueden tener un impacto político y social profundo. Mientras tanto, la atención sigue puesta en cómo estas acusaciones afectan la gobernabilidad y la percepción pública de los mandatarios de Morena, justo cuando el país enfrenta retos en seguridad y justicia social.
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