La comodidad de comprar videojuegos en línea está bajo la lupa legal más dura hasta ahora. Cuatro jugadores presentaron una demanda colectiva contra Sony Interactive Entertainment en San Francisco, acusando a la empresa de no ser clara sobre que los juegos digitales que venden son solo licencias, no propiedad definitiva. La denuncia se basa en la ley de transparencia en bienes digitales de California (AB 2426), vigente desde principios de 2025, que prohíbe usar términos como «comprar» o «adquirir» sin aclarar que solo se paga por una licencia revocable.
Aunque la PlayStation Store incluye advertencias legales en su proceso de compra, el bufete que lleva la demanda sostiene que estas son tan pequeñas que pasan desapercibidas, haciendo creer a los usuarios que poseen el juego como si fuera un disco físico o un objeto tangible.
Este reclamo llega en un momento de creciente frustración global por el cierre de servidores que deja inaccesibles juegos por los que se pagó el precio completo. Un caso reciente es Destruction AllStars, exclusivo de PS5 y lanzado en 2021, que en mayo de 2026 perdió sus servidores y solo mantiene un modo para un jugador que desaparecerá el 25 de noviembre, dejando el juego completamente inutilizable.
Este fenómeno no es nuevo. En 2023, Ubisoft cerró los servidores de The Crew, un juego de carreras en línea, bloqueando incluso modos locales. Esa acción inspiró a la asambleísta Jacqui Irwin a impulsar la ley AB 2426 en California. Además, movimientos como Stop Killing Games presionan para que las editoras permitan que las comunidades mantengan servidores privados o jueguen sin depender de las compañías, buscando evitar que los juegos mueran cuando las empresas los abandonan.
Sony no solo enfrenta esta demanda por transparencia digital, sino que en 2026 tiene varios frentes legales abiertos en Estados Unidos:
– **Acuerdo por códigos digitales:** Tras años de retrasos, un tribunal federal aprobó preliminarmente un acuerdo de 7.85 millones de dólares por prácticas antimonopolio. La demanda acusaba a Sony de inflar precios al prohibir que tiendas como Amazon o GameStop vendieran códigos de descarga, obligando a comprar exclusivamente en la PS Store. La audiencia final será el 15 de octubre de 2026 y los usuarios afectados recibirán compensaciones automáticas.
– **Demanda por sobreprecios en hardware:** En mayo de 2026 se presentó otra querella que acusa a Sony de lucrar doblemente durante la crisis de aranceles, aumentando el precio de la PS5 con base en impuestos aduaneros y reteniendo las devoluciones sin beneficiar a los consumidores.
Mientras los tribunales deciden si Sony debe cambiar términos en su tienda digital por expresiones más claras como «Obtener Licencia de Software», la industria observa un caso que podría transformar cómo compramos contenido digital, obligando a las grandes empresas a ser honestas sobre la caducidad implícita de nuestras bibliotecas virtuales.
En un mundo donde la digitalización avanza, esta batalla legal recuerda que la comodidad no debe venir a costa de la transparencia ni de los derechos de los consumidores.
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