El próximo martes 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú para el periodo 2026-2031, en una ceremonia que contará con la presencia del rey Felipe VI de España y ocho mandatarios latinoamericanos. Así lo confirmó este lunes el canciller peruano, Carlos Pareja, tras reunirse con la presidenta electa en la sede de Fuerza Popular para detallar los actos protocolares que se realizarán entre el 27 y 29 de julio.
Entre los invitados destacan los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Chile, José Antonio Kast; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi. También asistirán el primer ministro de Aruba, Mike Eman, y delegados de Japón, China y Marruecos, lo que subraya la importancia regional y global que se le da a esta transición política.
Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), fue proclamada ganadora de la segunda vuelta el pasado 3 de julio, con un margen estrecho de menos de 50 mil votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez. Este jueves 16 de julio visitó al mandatario interino José María Balcázar en el Palacio de Gobierno, un día después de recibir sus credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En esa reunión, Fujimori reconoció las “muchas expectativas” y “decisiones” que deberá enfrentar, destacando dos temas que preocupan a la ciudadanía: la delincuencia común y el fenómeno climatológico de El Niño. “Nos preocupa la llegada de El Niño y (también) tenemos que enfrentar directamente a la delincuencia para recuperar el orden”, afirmó.
La presencia de una nutrida delegación extranjera en la investidura no solo legitima el proceso, sino que también refleja los intereses geopolíticos en juego. En un contexto donde la derecha vuelve a tomar el poder en Perú, la atención estará puesta en cómo Fujimori abordará los retos sociales y económicos, y si podrá ofrecer alternativas reales frente a la desigualdad y la inseguridad que afectan a millones.
Mientras tanto, en México y otros países de la región, se observa con atención cómo estos cambios impactarán en las dinámicas políticas y económicas, especialmente en un continente donde la justicia social y los derechos colectivos siguen siendo una deuda pendiente.

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