El domingo 19 de julio de 2026, Daniel Ortega dejó claro que en Nicaragua no habrá más elecciones que pongan en riesgo su control absoluto del poder. Durante un acto masivo en Managua para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, el presidente sentenció: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
Ortega, que gobierna desde 2007 y desde 2017 junto a su esposa Rosario Murillo, ha consolidado un régimen donde la alternancia democrática es una ilusión cada vez más lejana. Murillo, quien fue vicepresidenta desde 2017, fue elevada a copresidenta en febrero de 2025 gracias a una reforma constitucional que eliminó el equilibrio de poderes y concentró el poder en la pareja presidencial.
Esta reforma, que entró en vigor a inicios de 2025, amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y legalizó la figura de copresidenta, además de transformar el Estado y eliminar el balance entre poderes. Como resultado, las elecciones generales que deberían haberse celebrado en noviembre de 2026, ahora están pospuestas para noviembre de 2027.
En su discurso, Ortega acusó a la oposición exiliada de estar “agazapada” y de querer usar las elecciones para enriquecerse, pero advirtió que no lo permitirán. Incluso anunció que trabajarán con la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— para crear leyes que “pongan un muro” contra los “golpistas” y “vendepatrias”, sin importar el dinero que les envíen desde Estados Unidos.
La comunidad internacional no ha tardado en reaccionar. En enero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó el cargo de copresidenta de Murillo como un invento sin mandato ni legitimidad, señalando que la pareja presidencial “cobardemente” niega a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque saben que no podrían ganar en unas elecciones libres.
La ONU, la OEA y el Parlamento Europeo también han criticado duramente la reforma constitucional que concentra el poder y elimina la posibilidad de una competencia política real. En un contexto donde la represión y la manipulación constitucional son la norma, la voluntad popular queda relegada a un segundo plano.
Mientras tanto, en otros países de la región, sistemas de transporte público como el cablebús o teleféricos avanzan como alternativas para mejorar la movilidad y la calidad de vida, mostrando que la innovación y la justicia social pueden ir de la mano, algo que en Nicaragua parece cada vez más distante bajo el mandato de Ortega.
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