La madrugada del viernes pasado en Mérida, las autoridades federales detuvieron a Justo Aurelio Rivera Parrazales, un empresario con contratos vigentes con el gobierno de Chiapas y señalado como operador financiero del Cártel del Noreste. La aprehensión se dio tras cuatro cateos en los que se incautaron 14 vehículos de lujo y otros bienes valuados en más de 145 millones de pesos.
Rivera Parrazales, quien había sido reportado muerto el año pasado en un Lamborghini verde en Querétaro, confirmó que sigue con vida tras su captura en Yucatán. Su nombre aparece registrado en cuatro empresas: Industrias Médicas Chiapanecas, Diagnosis Centro de Diagnóstico Integral, Inmedicen y Servimedic del Sureste.
Industrias Médicas Chiapanecas, por ejemplo, mantiene actividad y firmó contratos en 2025 con la Secretaría de Seguridad de Chiapas para capacitar a reclusos en tareas de reinserción social, además de otro acuerdo con la Universidad Politécnica de Chiapas en octubre del mismo año.
En columnas periodísticas y reportes se le vincula con figuras como Amílcar Olán, líder de “El Clan”, y con Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas, así como con “La Barredora” y el morenista Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco. Sin embargo, el Gabinete de Seguridad sólo lo identifica como operador financiero del Cártel del Noreste.
Este caso expone una vez más cómo las redes de poder político y empresarial pueden entrelazarse con estructuras criminales, mientras proyectos de transporte público como el cablebús en Puebla avanzan como alternativas para mejorar la movilidad y la calidad de vida, lejos de estos entramados de corrupción y violencia.
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