La noche del pasado viernes, una familia vivió la peor de las tragedias: su hija de apenas 6 años, sometida a una cirugía menor en la Clínica Maternidad La Sagrada Familia, en San Pedro Cholula, fue entregada sin vida. La denuncia de negligencia no tardó en circular, pero fue hasta este lunes 20 de julio de 2026 cuando la Secretaría de Salud del estado, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), decidió suspender temporalmente tres áreas clave del centro médico.
Las áreas afectadas son el quirófano, el área de internamiento y la sala de partos. Además, se aseguraron medicamentos como parte de las medidas preventivas para eliminar cualquier riesgo sanitario. Esta suspensión llega tres días después del lamentable fallecimiento, un tiempo que para muchos resulta insuficiente ante la gravedad del caso.
Este episodio revive la indignación y la alarma social que dejó la muerte de Blanca Adriana en mayo pasado, víctima de mala praxis en la clínica Detox de Calzada Zavaleta, donde una doctora con documentos falsificados operaba impunemente. Dos casos que evidencian la urgencia de fortalecer la vigilancia sanitaria y garantizar que la salud pública no sea un negocio con costos humanos.
Mientras tanto, en un país donde el acceso a servicios de salud dignos sigue siendo una deuda histórica, la suspensión de estas áreas en la clínica de Cholula es un paso necesario, aunque tardío, para proteger a las familias que confían en estos espacios. La pregunta que queda es clara: ¿qué se está haciendo para que estas tragedias no se repitan?
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