En Puebla, la informalidad comercial no solo es un fenómeno visible, sino también una fuente importante de ingresos para el Ayuntamiento. Según un reporte de la Dirección de Vía Pública, en la ciudad operan alrededor de 90 agrupaciones de comerciantes informales, concentradas en 27 puntos clave como el Centro Histórico, el Centro Integral de Servicios (CIS) y zonas hospitalarias.
Aunque en 2026 se otorgaron menos permisos para vendedores ambulantes —22 mil, frente a los 25 mil del 2025—, los ingresos por el cobro de estos permisos aumentaron de 7.4 a 9.1 millones de pesos en el mismo periodo. Esto revela que, a pesar de la reducción en autorizaciones, la informalidad sigue siendo un negocio rentable para la administración local.
Entre las agrupaciones más numerosas y conflictivas están la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Doroteo Arango y Antorcha Campesina. Estas organizaciones concentran a la mayoría de los vendedores, especialmente en el sector alimentos, que representa el 78% del total con aproximadamente 1,679 puestos de tacos, hamburguesas, tamales y otros antojitos mexicanos. El resto se dedica a la venta de ropa, bisutería y otros productos.
César Bermúdez Oliver, titular de la Dirección de Vía Pública, reconoció que estas agrupaciones son “focos de atención” porque sus integrantes suelen acatar las órdenes de retiro solo por unas horas, para luego regresar a los mismos lugares prohibidos. “Ese es el trabajo del inspector: estar patrullando toda la ciudad y atendiendo todas las quejas que hay”, explicó.
Los operativos de reordenamiento continúan activos, especialmente en zonas universitarias y hospitalarias, donde la presencia de puestos informales es más difícil de controlar. La estrategia busca evitar que estos espacios se saturen, aunque la resistencia de los vendedores complica la tarea.
Este escenario pone sobre la mesa la necesidad de soluciones integrales que no solo busquen el control, sino también la inclusión y el respeto a los derechos laborales de quienes viven de la venta ambulante. En ciudades como Puebla, donde el transporte público y las opciones urbanas están en transformación —como con la próxima llegada del cablebús—, repensar el espacio público y la economía informal es un reto urgente para garantizar justicia social y orden urbano.

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