La salida de Ulises Lara de la Fiscalía General de la República (FGR) el martes 14 de julio no fue una renuncia voluntaria, sino un cese ordenado desde el Ejecutivo tras descubrirse que, además de sus vínculos con huachicoleros y extorsiones, llevaba al menos seis años entregando información estratégica a agencias de inteligencia estadounidenses. Así lo reveló este viernes 17 de julio el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal.
Lara López, quien llegó en enero pasado a la FGR como fiscal especial para Asuntos Relevantes y vocero de la institución, fue sometido a un operativo de contrainteligencia apenas asumió el cargo, debido a su “oscuro pasado”. Lo que encontraron fue una red de corrupción que incluía extorsiones, nexos con el huachicol fiscal y, lo más grave, su papel como informante extranjero.
El detonante para su salida fue la liberación, la semana pasada, de José Antonio Cortés, alias “El Titán”, líder del Cártel del Noreste, dedicado al lavado de dinero y contrabando de combustible. Las pesquisas, realizadas sin conocimiento de la fiscal Ernestina Godoy, revelaron que Lara había pactado con figuras vinculadas al contrabando fiscal, como Raúl Rocha Cantú, codueño del certamen Miss Universo y presunto traficante de combustible y armas desde Guatemala, donde fungía como cónsul honorario.
Según reportes estadounidenses citados por Riva Palacio, esta red de huachicol fiscal estaría vinculada con el senador Adán Augusto López y con Andrés López Beltrán, hijo del expresidente.
Pero la corrupción de Lara no se limitaba a eso. El periodista asegura que usó su poder en la FGR para extorsionar a la familia Lozoya y a cercanos del empresario Alonso Ancira. Hace dos semanas, la Fiscalía detuvo a Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero en el caso Agronitrogenados. La información de contrainteligencia apunta a que Lara habría orquestado estas extorsiones para beneficio propio o de sus redes.
Este caso expone una realidad incómoda para la 4T: la corrupción no se castiga ni se investiga realmente, pero la confianza sí se paga con despidos fulminantes. Ulises Lara es solo uno más en una lista donde la impunidad parece la regla, y donde la lealtad al poder se vuelve más importante que la justicia.
Mientras tanto, en un país donde el transporte público como el cablebús avanza como alternativa para millones, la lucha contra la corrupción en las instituciones clave sigue siendo un pendiente urgente para que la justicia social deje de ser solo un discurso.
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