El viernes 17 de julio de 2026, en medio de una gira de trabajo por Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que para ella las normas no pueden estar por encima de las personas ni del sentido común. Fue en Tulum, dentro del Parque del Jaguar, donde la mandataria confrontó al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pedro Álvarez Icaza Longoria, tras escuchar las quejas de habitantes afectados por las restricciones impuestas en esta zona federal que incluye la costa y la zona arqueológica.
La escena fue directa y sin rodeos: después de un intercambio de preguntas y respuestas, Sheinbaum ordenó al funcionario “autorízalo”, refiriéndose a una medida que la Conanp había limitado por normativas ambientales. Cuando Álvarez Icaza le recordó que había reglas que cumplir, la presidenta respondió con énfasis: “Hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando las normas se ponen por encima de la gente y del sentido común, está mal. No cumplas con la norma, es lo que te estoy diciendo”.
Este episodio no solo refleja la tensión entre la aplicación estricta de la ley ambiental y las necesidades sociales y económicas de las comunidades locales, sino también la apuesta política de Sheinbaum por un gobierno que priorice a las personas, incluso si eso implica desafiar regulaciones federales.
El contexto no fue menor: antes de que la presidenta pisara el Parque del Jaguar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ya había desplegado un operativo con unidades de reacción rápida y vehículos tácticos en los puntos clave de Tulum. La presencia de perímetros de alta seguridad alrededor de la comitiva oficial evidenció la importancia y la tensión del momento.
Este tipo de enfrentamientos entre normas ambientales y desarrollo local son comunes en zonas como Tulum, donde la presión turística y la conservación ambiental chocan. En este escenario, la postura de Sheinbaum abre un debate sobre cómo equilibrar la protección de áreas naturales con el bienestar y las demandas de las comunidades.
Mientras tanto, en otros estados como Puebla, la apuesta por sistemas de transporte público innovadores como el cablebús sigue avanzando, mostrando que es posible combinar desarrollo, movilidad y respeto al entorno, una lección que quizá también podría aplicarse en Quintana Roo para evitar conflictos y promover soluciones integrales.
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