En Puebla, la lucha contra la violencia hacia las mujeres da un paso interesante: desde el Congreso local se busca reconocer los comentarios y bromas gordofóbicas como una forma de violencia estética. La diputada Esther Martínez Romano, del Partido del Trabajo (PT), presentó una reforma para incluir esta categoría en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado.
La propuesta plantea modificar el artículo 10, fracción VIII, para que cualquier acción u omisión basada en género que presione, humille o ridiculice a una mujer por su cuerpo —como las bromas gordofóbicas— se considere violencia estética. Esto incluye la imposición de estereotipos o patrones de belleza que obliguen a las mujeres a modificar u ocultar su cuerpo.
¿Por qué importa esto? Porque, como advierte la diputada, este tipo de violencia no es solo un mal comentario: puede afectar la dignidad, autoestima, salud e integridad psicológica y física de las mujeres. En un país donde la discriminación por apariencia física es una realidad palpable —según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022—, visibilizar estas conductas es un paso para combatirlas.
Sin embargo, hay un detalle que no pasa desapercibido: aunque se reconozca la violencia estética en la ley, no se creará un delito ni habrá sanción penal para quien la cometa. La diputada Martínez Romano aclaró que no se busca tipificar un nuevo delito en el Código Penal, sino más bien visibilizar y reconocer esta forma de violencia.
Especialistas nacionales coinciden en que las bromas y comentarios gordofóbicos son una forma de violencia estética, pues suelen atacar aspectos físicos como peso, talla, edad o apariencia general, generando exclusión, discriminación y limitando el desarrollo personal de las mujeres.
Este avance legislativo en Puebla abre la puerta para que la sociedad reflexione sobre cómo las palabras y actitudes cotidianas pueden ser tan dañinas como otras formas de violencia, aunque aún falta que se traduzca en medidas concretas para proteger a las mujeres. En un contexto donde el transporte público y los espacios urbanos también deben ser seguros y libres de violencia, reconocer estas nuevas formas de agresión es un paso necesario para construir ciudades más justas e incluyentes.
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