Rafael N., conocido en Puebla como el “Tirador de Atlixcáyotl”, fue trasladado la noche del miércoles al penal de San Miguel, en la capital poblana, tras que un juez de control dictara prisión preventiva en su contra. Este empresario español, de 65 años, es acusado de disparar en la zona de Angelópolis, generando semanas de zozobra en la ciudad.
El traslado ocurrió alrededor de las 23:00 horas desde la Casa de Justicia Centro en 11 Sur, y minutos después ingresó al penal. La audiencia de vinculación a proceso está programada para el próximo domingo a las 9:00 de la mañana, donde se definirá su situación legal por el delito de intento de homicidio contra los policías que lo detuvieron.
La captura de Rafael N. se dio en un operativo que terminó en balacera en el exclusivo fraccionamiento Santa Fe Residencial. Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública, el “Tirador de Atlixcáyotl” no actuaba desde edificios altos, sino desde un vehículo en movimiento, lo que complicaba su localización.
Este modus operandi dejó al menos diez carpetas de investigación abiertas en su contra, que incluyen daños materiales severos a vehículos y agresiones físicas graves.
Pero la historia de Rafael N. no es solo la de un tirador en la vía pública. Su nombre también está ligado a un oscuro pasado en el sector farmacéutico y a presuntas redes de corrupción. En 2013, fue señalado por participar en licitaciones irregulares de la Secretaría de Salud de Puebla, donde, mediante adjudicaciones directas y prestanombres, obtuvo contratos por más de 94 millones de pesos. Estas redes de influencia se remontan a gobiernos anteriores, desde Melquíades Morales hasta Mario Marín Torres.
Mientras Puebla sigue lidiando con la inseguridad, casos como este evidencian cómo la violencia y la corrupción pueden entrelazarse en un mismo personaje. En un contexto donde se apuesta por sistemas de transporte público como el cablebús para mejorar la movilidad y la seguridad, la captura de este empresario armado es un recordatorio de que la justicia social y la vigilancia ciudadana deben ir de la mano para transformar la ciudad.

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