La mañana de este jueves 16 de julio de 2026, San Martín Texmelucan se despertó con una noticia que duele en la comunidad: Josué Martínez Contreras, abogado, maestro y creador de contenido conocido como «El Jaguar», fue asesinado a balazos en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.
El ataque ocurrió poco después de las 8:00 horas sobre la calle Leona Vicario, entre General Ignacio Zaragoza y Benito Juárez, muy cerca de su domicilio. Según los primeros reportes, dos hombres en motocicleta interceptaron a Josué y le dispararon directamente antes de huir.
Lo que hace esta tragedia aún más desgarradora es que su hijo de apenas 13 años fue quien llamó al 911 para pedir ayuda tras escuchar los disparos. Vecinos también alertaron a las autoridades al escuchar las detonaciones y ver la fuga de los agresores.
Elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos de Protección Civil llegaron al lugar, pero confirmaron que Josué ya no tenía signos vitales. Presentaba impactos de bala en el tórax.
Josué no era solo un abogado recién egresado —el pasado 30 de mayo compartió en sus redes que concluyó la Licenciatura en Derecho—, sino también un maestro comprometido, fundador de la asociación CRE-Arte y administrador de la página Noticias Texmelucan, desde donde difundía información local con un enfoque cercano y social.
Además, participó activamente en causas sociales y colaboró en campañas políticas, como la del entonces candidato independiente a la presidencia municipal, Filemón Ramírez. Su voz era un puente entre la comunidad y la información, un espacio necesario en regiones donde la justicia y la seguridad parecen ausentes.
Hasta ahora, las autoridades no han reportado detenciones ni han dado detalles sobre el móvil del ataque. La Fiscalía General del Estado ya investiga el caso, pero la ausencia de avances refleja la impunidad que muchas veces acompaña estos crímenes.
Este asesinato no solo es la pérdida de una vida, sino un golpe a la libertad de expresión y al activismo local, recordándonos la urgencia de proteger a quienes luchan por la justicia social desde sus comunidades.
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