Rafael Z., el empresario español señalado por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable de los ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, permanecerá en prisión preventiva. Así lo determinó el juez tras la audiencia inicial que se llevó a cabo luego de su detención el 14 de julio en el fraccionamiento Santa Fe.
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que significa que el juez tiene hasta 144 horas —es decir, seis días— para decidir si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso. En ese plazo se definirá si Rafael Z. enfrenta cargos formales como tirador en estos ataques que generaron miedo entre quienes circulan por la Vía Atlixcáyotl y el Periférico Ecológico.
Este caso tomó relevancia porque, desde abril, se reportaron disparos contra vehículos en estas vías, con al menos 11 carpetas de investigación abiertas. Entre ellas destaca una por tentativa de homicidio, luego de que un joven resultara lesionado, además de varios casos por daños a propiedad ajena.
Durante el operativo en Santa Fe, la Fiscalía señala que Rafael Z. presuntamente disparó contra agentes ministeriales, lo que añade una investigación por tentativa de homicidio agravado. En los inmuebles cateados se aseguraron armas de fuego, cientos de cartuchos, dinero en efectivo y la camioneta GMC Denali que, según las autoridades, usaba para cometer los ataques.
La identificación del presunto responsable fue posible gracias a un trabajo de inteligencia que combinó análisis de cámaras de videovigilancia, peritajes balísticos en tercera dimensión y reconstrucciones de los hechos. La primera denuncia formal se presentó en junio, aunque los reportes comenzaron meses antes.
Ahora, la atención está puesta en la continuación de la audiencia, donde se definirá si Rafael Z. es vinculado a proceso y el caso avanza a la etapa de investigación complementaria. Mientras tanto, la comunidad sigue esperando respuestas y medidas que garanticen seguridad en estas vías, recordando que la movilidad segura es un derecho que debe protegerse, y que sistemas de transporte público eficientes y bien planeados, como el cablebús, pueden ser parte de la solución para reducir riesgos en la ciudad.

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