La madrugada del martes 14 de julio de 2026, las autoridades detuvieron a Rafael Z., conocido en el círculo marinista como “El Español” y apodado también “El Tirador de la Atlixcáyotl”. Este personaje no solo fue un operador clave para que el exgobernador Mario Marín Torres saliera de prisión domiciliaria, sino que mantiene un entramado empresarial que abarca desde la construcción hasta la biotecnología y la venta de fármacos.
A través de su socia Rosalinda Cabrera Dolores, “El Tirador” intentó mantener a Marín fuera de la cárcel ofreciéndole un empleo en la empresa Arrendadora Cado, donde también participa la hermana de Rosalinda, Adriana del Rocío Cabrera Dolores. Esta maniobra formó parte de la estrategia legal que en agosto de 2023 reveló el periodista Ernesto Aroche Aguilar: presentar un contrato laboral que permitiera a Marín justificar su arraigo domiciliario y así abandonar el penal de máxima seguridad “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez.
El contrato, con un salario de 30 mil pesos mensuales y duración de cinco años, fue notariado por Valentín Meneses Rojas, excolaborador cercano del exgobernador. Gracias a esta documentación, Marín logró salir de prisión un año después, aunque en abril de 2025 volvió a ingresar para continuar su proceso por tortura contra la periodista Lydia Cacho.
Pero la influencia de “El Tirador de la Atlixcáyotl” no termina ahí. Fue uno de los contratistas favoritos de José Alfredo Arango García, exsecretario de Salud durante el sexenio de Marín, y mantiene un círculo cerrado de socios que incluye a sus hijos Julen y Ander Zabalza Macías, así como a Sergio Rubén Trejo Estrada y Angela Dolores Tolentino.
Las empresas bajo su control, como Grupo Mexicano de Investigación Más Desarrollo Más Innovación, Owl Health, Inmobiliaria Rajuan y PETROAADLAB, reflejan cómo el poder político y económico se entrelazan para sostener redes que operan en la sombra, mientras figuras como Marín buscan mantenerse fuera de la cárcel con contratos que parecen más una ficción legal que un empleo real.
Este caso es un recordatorio de cómo la justicia en México puede ser moldeada por intereses y conexiones, y por qué sistemas de transporte público como el cablebús, que democratizan el acceso y conectan comunidades, son una apuesta real por la igualdad y la transparencia, lejos de las redes de poder que siguen operando en la política y los negocios.
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