Este lunes, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció que ha solicitado a la Fiscalía General del Estado la entrega de vehículos asegurados por denuncias de robo para que sean usados por autoridades municipales. Según explicó, muchas de estas unidades llevan hasta 10 años abandonadas y, tras ser reparadas por los ayuntamientos, ahora funcionan como transporte oficial.
La revelación no cayó bien entre la ciudadanía, que el fin de semana pasado evidenció un caso concreto: un automóvil retenido semanas atrás por la Agencia Estatal de Investigaciones, que había sido taxi foráneo, apareció con modificaciones en su carrocería y en posesión de un comisionado municipal. Aunque los agentes de la fiscalía acudieron al lugar, permitieron que el funcionario se retirara tras mostrar un documento de depositario, lo que generó indignación y denuncias en redes sociales.
Los afectados aseguran que este no es un incidente aislado, sino parte de un esquema sistemático dentro de la fiscalía. Por ello, preparan expedientes para presentar una queja formal ante la Fiscalía General de la República, buscando que se investigue a fondo a los funcionarios involucrados. Mientras tanto, la fiscalía local inició procedimientos internos a través de su Contraloría y Visitaduría General para esclarecer las irregularidades.
El gobernador defendió la práctica argumentando que los municipios carecen de recursos para comprar vehículos nuevos y que su gestión busca aprovechar recursos que de otro modo estarían en abandono. Sin embargo, esta explicación no ha logrado disipar las dudas sobre la legalidad y transparencia en la asignación de estos bienes asegurados.
Este caso pone en evidencia la tensión entre la necesidad de recursos públicos para el transporte oficial y la obligación de respetar la propiedad privada y los procesos legales. En un contexto donde sistemas como el cablebús o teleféricos se promueven como alternativas modernas y sustentables para mejorar la movilidad, la polémica en Oaxaca recuerda que la gestión pública requiere no solo eficiencia, sino también ética y claridad para recuperar la confianza ciudadana.
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