En la Barranca de Santa Rita, en Tacámbaro, Michoacán, se localizó una fosa clandestina con al menos 375 cuerpos, según estimaciones del colectivo “Buscando Cuerpos”. Este número se basa en el conteo de huesos sacros, una pieza ósea única por persona, que permite dimensionar la magnitud de esta tragedia enterrada.
Margarita López Pérez, activista y madre buscadora, explicó que las excavaciones en el lugar conocido como “La Parotita” han revelado no solo la cantidad, sino también la fragmentación extrema de los restos, lo que complica el trabajo forense. En las jornadas más recientes, se encontraron mandíbulas y fragmentos craneales de menores de apenas tres años, un dato que pone en evidencia la brutalidad de esta crisis.
Además, el colectivo ha detectado indicios biológicos recientes, como fragmentos de tejido con cabello, que ya están siendo analizados en laboratorios especializados en la Ciudad de México para intentar identificar a las víctimas mediante ADN.
López Pérez advirtió que, debido a la densidad de restos, las labores de recuperación y análisis podrían extenderse por al menos tres años más. Mientras tanto, criticó la falta de un esquema de seguridad permanente en el perímetro de la fosa, responsabilidad del presidente municipal sustituto, Alejandro Fuerte García, lo que pone en riesgo la integridad de la escena y el trabajo de las familias buscadoras.
En un contexto donde Michoacán sigue sin una ley estatal específica para la búsqueda de personas desaparecidas, la activista recordó que durante su paso como diputada local se aprobó un dictamen basado en la Ley General federal y consensuado con organizaciones civiles. Sin embargo, esta normativa fue vetada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, una decisión que López Pérez atribuye a motivos políticos y no técnicos, pues los colectivos atendieron todas las observaciones.
La ausencia de esta legislación local precariza las labores de búsqueda de dos formas:
– Limita los apoyos logísticos y operativos cuando los colectivos detectan nuevas zonas con posibles restos.
– No existen mecanismos para sancionar a funcionarios que obstaculizan o dilatan las investigaciones.
Este hallazgo en Tacámbaro no solo desnuda la magnitud de la violencia y la impunidad en Michoacán, sino también la urgencia de fortalecer los marcos legales y el acompañamiento institucional para las familias que buscan justicia y verdad. Mientras tanto, la memoria de quienes yacen en “La Parotita” sigue clamando por ser escuchada y reconocida.
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