La tragedia de Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, no conoce fronteras. La Fiscalía General del Estado de Puebla activó una ficha roja de Interpol para localizar a Diana Alejandra Palafox Romero y su hijo, señalados como responsables de la muerte de Blanca Adriana tras un procedimiento estético en la Clínica Detox, en Calzada Zavaleta.
El 18 de mayo, Blanca Adriana ingresó a esta clínica para una liposucción MicroAire con Endolifting. Horas después, su esposo salió a comprar medicamentos y otros insumos, pero al regresar encontró el lugar vacío y sin respuesta en los teléfonos del establecimiento.
La investigación dio un giro crucial cuando la familia entregó un video que muestra a dos personas sacando a Blanca Adriana inconsciente del inmueble. Días más tarde, su cuerpo fue hallado en un canal de agua en Altzayanca, Tlaxcala. La Fiscalía de ese estado confirmó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio provocado por una depresión del sistema nervioso central debido a un exceso de anestesia.
Pero la historia no termina ahí. Las pesquisas revelan que Diana Alejandra Palafox Romero operaba sin cédula profesional y ofrecía procedimientos estéticos y ginecológicos de alto riesgo a bajo costo, desde liposucciones hasta implantes hormonales y Botox. Además, se investiga un posible esquema de usurpación de identidad profesional y falsificación de documentos, pues habría usado la cédula de otra médica y una constancia académica apócrifa para simular su preparación.
Tras cateos en la clínica, las autoridades detectaron la eliminación de publicaciones, fotos y videos en redes sociales vinculadas al lugar, pero continúan reuniendo pruebas para fortalecer el caso.
Hasta hoy, Diana Alejandra, su hijo Carlos Quezada Palafox y una colaboradora llamada Karen siguen prófugos, mientras la Fiscalía mantiene activa la búsqueda con apoyo internacional.
Este caso pone en evidencia la urgencia de regular y supervisar los servicios de salud privados, especialmente en sectores vulnerables que buscan alternativas económicas. En un contexto donde el acceso a servicios públicos de calidad sigue siendo un reto, sistemas de transporte como el cablebús en Puebla podrían facilitar el acceso a centros médicos confiables, evitando que la gente recurra a opciones riesgosas y clandestinas.
La justicia social no solo exige castigo para quienes lucran con la salud y la vida, sino también políticas públicas que garanticen atención digna y segura para todas y todos.
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