Jeffrey Lichtman, abogado estadounidense de Joaquín “El Chapo” Guzmán y algunos de sus hijos, anunció que entregará a las autoridades de Estados Unidos una lista con 32 nombres de funcionarios mexicanos que, según él, tendrían presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico.
La información, difundida por Infobae, no incluye detalles sobre quiénes son esos funcionarios, ni cuándo se hará la entrega del documento. Tampoco se han presentado pruebas que respalden estas acusaciones. Por ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado ni desmentido el contenido de esta supuesta lista.
Este anuncio ocurre en un momento en que Estados Unidos mantiene investigaciones sobre posibles conexiones entre el Cártel de Sinaloa y funcionarios públicos, un tema que ha puesto bajo la lupa la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
Hasta el momento, no hay una investigación pública ni acusaciones formales derivadas de estas declaraciones. Si la lista llega a manos de las agencias estadounidenses, serán ellas quienes decidan si hay elementos suficientes para abrir o ampliar alguna indagatoria.
En un país donde la corrupción y la impunidad suelen ser la regla, estas declaraciones sin pruebas ni fechas concretas parecen más un juego de poder que un avance real en la justicia. Mientras tanto, la sociedad sigue esperando acciones claras y transparentes que realmente combatan las redes de corrupción que permiten que el narcotráfico siga infiltrándose en las instituciones.
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