Este martes 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos dio un golpe a la política migratoria restrictiva impulsada por Donald Trump al rechazar su orden ejecutiva que buscaba restringir la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal.
La decisión, con seis votos a favor y tres en contra, reafirma la interpretación histórica de la Decimocuarta Enmienda, vigente desde hace más de un siglo, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, lo resumió así: “La ciudadanía, tanto antes como ahora, era el derecho a tener derechos… Hoy mantenemos esa promesa”.
Este fallo representa un revés para la administración republicana, que el 20 de enero de 2025, en el primer día del regreso de Trump a la Casa Blanca, intentó modificar esta garantía constitucional. La orden ejecutiva pretendía que solo los hijos de ciudadanos o residentes permanentes legales (con “green card”) pudieran obtener la ciudadanía al nacer, excluyendo a hijos de inmigrantes sin residencia legal o con visas temporales. De haberse aplicado, esta medida habría afectado a unos 250,000 bebés cada año y complicado la vida de millones de familias, obligándolas a demostrar la ciudadanía de sus hijos.
Aunque la orden fue bloqueada por tribunales federales poco después de su emisión, la Corte Suprema puso fin a cualquier duda sobre la vigencia del derecho al “jus soli” en Estados Unidos, salvo excepciones muy específicas como hijos de diplomáticos extranjeros.
Este episodio no solo reafirma un derecho fundamental, sino que también pone en evidencia la importancia de mantener políticas públicas que respeten la dignidad y los derechos de las personas, sin importar su origen o situación migratoria. En un contexto global donde la movilidad humana es constante, proteger estos derechos es un paso necesario para construir sociedades más justas e inclusivas.
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