Este martes 30 de junio de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos mexicanos y nueve empresas relacionadas con el robo y tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol, operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre los señalados está Oscar Guillermo Juraidini Silva, contador del CJNG, quien se dedica a falsificar documentos aduaneros para facilitar el traslado de combustible robado desde Estados Unidos hacia México. Juraidini está vinculado a varias empresas, entre ellas Centro Cambiario La Peseta, SA de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes y OF Transportes.
El segundo implicado es J. Refugio Ruiz Villagomez, encargado de gestionar sobornos a cárteles y grupos que controlan la frontera, para asegurar el paso del combustible ilícito. Ruiz Villagomez participa en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV, compañías que, según el Tesoro estadounidense, han realizado transacciones millonarias en dólares con vinculados al CJNG. La Fiscalía General de la República (FGR) también ha identificado a Jomadi como una empresa de importación y exportación involucrada en narcotráfico.
Como parte de las sanciones, el gobierno de Estados Unidos bloqueó todos los bienes e intereses patrimoniales de estas personas y empresas. En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México incluyó a Juraidini y Ruiz en su lista de personas bloqueadas tras detectar indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita y anomalías en sus ingresos.
Este tipo de acciones internacionales evidencian la complejidad del huachicol, un problema que no solo afecta la seguridad y economía, sino que también pone en jaque la movilidad y el bienestar de millones. En contraste, proyectos como el cablebús en Puebla, que buscan ofrecer transporte público eficiente y accesible, se presentan como alternativas necesarias para descongestionar y transformar la movilidad urbana, lejos de las redes criminales que lucran con el combustible robado.
Mientras las autoridades combaten estas redes, la apuesta por sistemas de transporte sustentables y transparentes se vuelve más urgente para garantizar un futuro donde el acceso a servicios básicos no dependa de la corrupción ni la violencia.
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