El lunes 29 de junio de 2026, José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado de Puebla, aclaró en conferencia de prensa que el predio ubicado en la intersección de la 11 Sur y Las Margaritas, donde se planea construir un nodo de transferencia del cablebús, es propiedad estatal y ya fue delimitado para este fin.
El funcionario explicó que, tras la aprobación del comodato por parte del Cabildo de Puebla, se procedió al resguardo del terreno, donde no existía vegetación significativa, solo algunos árboles dispersos. Por eso, hizo un llamado a los activistas que pretendían sembrar árboles en ese espacio para impedir la obra, a enfocar sus esfuerzos en zonas que realmente necesitan reforestación, como camellones, vialidades y colonias de la ciudad.
García Parra señaló que la instalación de la malla perimetral no implica el inicio inmediato de las obras, ya que no se comenzará hasta contar con todos los permisos correspondientes. Sin embargo, denunció que hubo convocatorias en redes sociales para que grupos acudieran con palas y picos a sembrar árboles en el predio, con la intención de bloquear el proyecto.
Este episodio pone en evidencia la tensión entre quienes defienden proyectos de movilidad sustentable, como el cablebús, y quienes buscan frenar su avance con acciones que, aunque bien intencionadas, no siempre se dirigen a los lugares donde más se necesitan. En un contexto donde la movilidad urbana es un derecho y un desafío, el cablebús representa una apuesta para mejorar el transporte público y reducir la contaminación en Puebla.
Mientras tanto, el llamado es claro: el activismo ambiental debe ser estratégico y enfocado en zonas que realmente requieren intervención, para que la ciudad avance hacia un futuro más verde y justo para todas y todos.
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