El lunes 22 de junio de 2026, la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec lanzó una denuncia que sacude a San Rafael, Veracruz: Gil Armando Méndez Grappin, alcalde y familiar directo del presunto feminicida Ricardo R. S., habría utilizado su influencia para ocultar a este último y a sus padres, quienes enfrentan cargos por encubrimiento y complicidad.
La historia detrás de esta acusación es tan dolorosa como reveladora. Andrea Maylin Chino Ramos desapareció el 20 de junio de 2025 en Yautepec, Morelos, tras salir con Ricardo R. S., su novio y principal sospechoso. Tres días después, él tardó en informar a la familia sobre su paradero, y semanas más tarde, el 30 de julio de 2025, el cuerpo de Andrea fue encontrado cerca del domicilio de la familia de Ricardo. Desde entonces, él permanece prófugo, mientras sus padres, Viola S. y Ricardo R. C., fueron detenidos el 17 de junio de 2026 gracias a la aplicación de la Ley Monse, una reforma pionera en Morelos que elimina la “excusa absolutoria” para familiares que encubren delitos graves como el feminicidio.
Esta ley, aprobada en Veracruz el 28 de octubre de 2025, busca precisamente evitar que lazos familiares sirvan de escudo para la impunidad. Sin embargo, la denuncia apunta a que el alcalde Méndez Grappin habría protegido a sus familiares después de esa fecha, lo que podría derivar en una investigación formal.
La Colectiva Resistencia Feminista Yautepec no se quedó callada: “¿Cómo es posible que un servidor público actúe como cómplice de un feminicidio?”, cuestionaron en redes sociales, mientras que la vocera del colectivo Las Brujas del Mar, Aruzy Unda, señaló la gravedad de que un funcionario público abuse de su poder para proteger a un presunto asesino.
Este caso pone en evidencia la complejidad de combatir la violencia de género cuando las redes de poder y parentesco se entrelazan con la política local. La Ley Monse representa un avance crucial para la justicia, pero su efectividad depende de que autoridades como el alcalde de San Rafael no se conviertan en obstáculos para su aplicación.
Mientras tanto, la búsqueda de justicia para Andrea Maylin sigue siendo un recordatorio urgente de que la impunidad no puede tener refugio, ni siquiera en los pasillos del poder municipal.
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