Este miércoles 17 de junio de 2026, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló una investigación que pone en jaque la transparencia de Morena. Según los documentos obtenidos, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido utilizó la infraestructura de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para dispersar 252 mil 901 pagos catalogados como “apoyos sociales” en todo el país, sin informar a las autoridades electorales y con posibles violaciones a la ley antilavado.
El contrato original entre Morena y Finabien se firmó el 1 de junio de 2022 por un año, pero fue extendido hasta el 28 de junio de 2024, apenas semanas después de la elección federal en la que Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia. El acuerdo estipulaba explícitamente que Finabien prestaría servicios para el “pago de apoyos sociales”, cobrando una comisión de 12 pesos más IVA por cada pago, lo que significó un gasto de 3.52 millones de pesos en comisiones.
Sin embargo, una auditoría interna de Finabien (código 2025-02-OIC-9-KCZ-AFC-005) reveló que solo se realizaron 140 mil 878 operaciones reales, por lo que se reintegraron 1.6 millones de pesos a Morena por comisiones pagadas de más. Aunque no se detalla el monto exacto de cada apoyo, MCCI subraya que, si cada pago fue al menos de 100 pesos, el desembolso total para el partido fue millonario.
La investigación de MCCI destaca tres irregularidades clave:
– **Ocultamiento al INE:** Morena no reportó el contrato ni el origen de los recursos para estos apoyos en sus informes de rendición de cuentas 2022-2024. Mientras Morena reportó casi 33 mil operaciones financieras en gastos de campaña, Finabien realizó más de 250 mil transferencias.
– **Uso ilegal de recursos:** Ni la ley electoral ni los estatutos de Morena autorizan entregar “apoyos sociales”. Un ex consejero electoral consultado por MCCI señaló que esta práctica es ilegal y podría usarse para pagar a representantes de casilla sin que se contabilice en los topes de campaña, recordando el polémico “caso Monex” de 2012.
– **Violación a la ley antilavado:** La auditoría interna de Finabien, con resultados de diciembre de 2025, concluyó que el contrato incumplió los protocolos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. A pesar de alertas desde enero de 2023, las autoridades no aplicaron los controles necesarios.
Al cierre de la investigación publicada este miércoles, MCCI informó que solicitó a la dirigencia nacional de Morena su postura sobre estos hallazgos, pero no obtuvo respuesta.
Este caso pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia y control en el uso de recursos públicos y partidistas, especialmente cuando se trata de programas sociales que deberían beneficiar directamente a la población y no convertirse en herramientas políticas opacas. Mientras tanto, iniciativas como el cablebús o teleférico en Puebla, que buscan mejorar el transporte público y la calidad de vida, contrastan con estas prácticas y muestran que sí es posible avanzar hacia sistemas más justos y eficientes.
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