Nay Salvatori aclara que no defendió a Ariana F., solo denunció irregularidades en su detención

La diputada local Nayeli “Nay” Salvatori salió a aclarar su postura tras la polémica generada por el caso de Ariana F., la mujer detenida por policías municipales de San Andrés Cholula. En un mensaje claro, Salvatori aseguró que nunca defendió el consumo de alcohol al volante ni justificó la conducta de la conductora, sino que su enfoque fue señalar presuntas irregularidades en la detención ocurrida en el Parque Intermunicipal de Cholula.

Este pronunciamiento llega después de que en los últimos días se viralizaran videos y antecedentes relacionados con la detención, lo que desató críticas hacia la legisladora por su postura inicial. Salvatori insistió en que su interés fue analizar el actuar de los elementos de seguridad y no proteger a la mujer involucrada.

Además, la diputada expresó su preocupación por la filtración de los videos captados por cámaras de seguridad y dispositivos oficiales, un hecho que la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres, dijo desconocer. “Es grave que la presidenta no sepa, o se haga, quién filtró los videos de su policía”, señaló Salvatori, evidenciando la falta de control sobre información sensible que debería manejarse con mayor responsabilidad.

En un giro importante, Salvatori reveló que Ariana F. ya presentó una denuncia formal, lo que abre la puerta a una investigación oficial sobre posibles irregularidades en la actuación policial. Esto contrasta con declaraciones previas de autoridades municipales, que aseguraban no tener conocimiento de ninguna denuncia.

El caso sigue bajo escrutinio de varias instancias: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una queja de oficio contra cinco policías municipales, mientras que el Gobierno estatal cuestiona el cumplimiento de los protocolos de detención por parte de la corporación.

Lo que comenzó como un video viral de una detención en San Andrés Cholula se ha convertido en un debate sobre el uso de la fuerza, los derechos de las personas detenidas y la responsabilidad de las autoridades en el manejo de información delicada. En medio de esta controversia, queda claro que la transparencia y la justicia deben ser prioridad para evitar que casos así se conviertan en simples escándalos mediáticos sin resolver.

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