El domingo 14 de junio de 2026, vecinos del barrio Navarra, en la localidad de Usaquén, Bogotá, alertaron a la Policía Nacional tras observar un video en redes sociales que mostraba a un adulto junto a un niño en el balcón de un apartamento, en una situación que generó sospechas de abuso sexual.
Las autoridades confirmaron que el señalado es Grant Gail, un ciudadano estadounidense originario de Texas, quien se encontraba en la ciudad adelantando un proceso de adopción de tres menores. Tras la denuncia, la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con la Policía de Infancia y Adolescencia y la Dijín, ingresaron al apartamento donde encontraron a tres niños de 4, 7 y 15 años.
Los menores fueron trasladados a centros asistenciales para valoración médica y acompañamiento especializado. El niño de siete años fue remitido al Hospital Simón Bolívar, mientras que los otros dos permanecen bajo custodia de las autoridades competentes.
Según la directora del Icbf, Astrid Cáceres, el proceso de adopción se realizaba a través de una entidad especializada y habilitada para estos trámites, lo que pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión y protección en estos casos.
Grant Gail ingresó a Colombia el 6 de junio de 2026 por el Aeropuerto Internacional El Dorado, sin que Migración Colombia tuviera alertas o anotaciones que impidieran su entrada. La entidad se ha comprometido a colaborar con las investigaciones judiciales y policiales.
La Procuraduría General de la Nación solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía, Migración Colombia, el Icbf y la Policía de Infancia y Adolescencia para garantizar la protección integral de los menores y el restablecimiento de sus derechos. El Icbf activó un equipo de Defensoría de Familia para acompañar a los niños y supervisar el proceso.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso y reiteró que en la ciudad no habrá tolerancia frente a la violencia y los abusos contra menores, un mensaje claro para quienes creen que la justicia puede ser evadida.
Este caso pone en evidencia la urgencia de fortalecer los sistemas de protección infantil y la vigilancia en procesos de adopción, para evitar que la vulnerabilidad de los niños sea explotada bajo la sombra de trámites legales.
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