Este viernes 12 de junio de 2026, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, acusado de triangular recursos públicos hacia despachos vinculados con su familia.
La solicitud fue promovida por la bancada de Morena desde el 8 de junio y, dos días después, el Congreso local decidió dar trámite al procedimiento. Aunque no todos los diputados morenistas estuvieron presentes en la sesión, la discusión y votación siguieron adelante.
Ahora, Samuel García será notificado y tendrá un plazo de 15 días hábiles para responder, ya sea por escrito o de manera presencial ante el Poder Legislativo local.
El trasfondo de esta controversia se remonta a abril, cuando se reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al gobernador por presuntamente orquestar un esquema para desviar y lavar más de mil millones de pesos. Según las indagatorias, el dinero público habría sido canalizado a través de un modelo de triangulación que beneficiaría directamente a su círculo familiar.
El despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son familiares de García —su padre Samuel Orlando García Mascorro y su medio hermano Samuel Orlando García Villarreal—, habría sido el receptor inicial de estos recursos. Posteriormente, el dinero se movió hacia la empresa inmobiliaria “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que habría recibido transferencias millonarias.
Para complicar el rastreo, los fondos fueron enviados a distintas jurisdicciones fuera de México, incluyendo cuentas en Estados Unidos, con la aparente intención de ocultar el origen público del dinero.
Samuel García ha rechazado las acusaciones, calificándolas como un “refrito” y asegurando que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya emitió una resolución de no ejercicio de acción penal tras analizar las pruebas. En sus redes sociales, afirmó que “no existe irregularidad”.
Este caso pone en evidencia la persistente problemática de la corrupción y el manejo opaco de recursos públicos en México, mientras la ciudadanía exige transparencia y justicia. En un contexto donde sistemas de transporte público como el cablebús o teleférico en Puebla buscan ofrecer alternativas accesibles y limpias, la lucha contra la corrupción es clave para garantizar que los recursos públicos realmente beneficien a la sociedad.
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