La Fiscalía General de la República (FGR), bajo el mando de Ernestina Godoy, alista una causa penal contra Esteban Villegas, gobernador de Durango y militante del PRI, por supuestamente proteger operaciones del grupo criminal “Los Cabrera”, una ramificación del cártel sinaloense “La Mayiza”. La información fue revelada a La Silla Rota por fuentes cercanas a la investigación.
El expediente señala que la administración de Villegas habría brindado protección a Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, presunto sucesor de Ismael “Mayo” Zambada, actualmente procesado en Estados Unidos. Tras la detención de “El Mayo” en julio de 2024, Durango se convirtió en escenario de enfrentamientos entre “Los Cabrera” y la banda rival “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Villegas Villarreal, de 50 años, asumió el cargo en septiembre de 2022 tras una alianza electoral entre PRI, PAN y PRD. Antes fue alcalde de Durango capital, secretario de Salud estatal y diputado local en dos ocasiones.
Las fuentes consultadas indican que el gobernador está al tanto del expediente de la FGR, que también involucra a otros funcionarios estatales, entre ellos la fiscal general Sonia Yadira de la Garza. Un miembro cercano a ella habría fungido como enlace entre la fiscalía local y Zambada Sicairos.
El gobernador habría compartido con colaboradores la inminencia de acciones legales de la FGR contra varios integrantes del gobierno estatal, lo que provocó que al menos uno de ellos abandonara Durango. Por su parte, “El Mayito Flaco” también habría salido del estado y su paradero es desconocido.
Con esta acción, que se considera inminente, serían ya dos los gobernadores estatales enfrentando cargos penales, sumándose a Rubén Rocha Moya, morenista y actual gobernador con licencia en Sinaloa.
Este caso pone en evidencia la compleja relación entre el poder político y los cárteles en México, y la necesidad urgente de fortalecer mecanismos de transparencia y justicia para romper con la impunidad que permite la infiltración del narcotráfico en las instituciones públicas.
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