Durante el fin de semana pasado, autoridades mexicanas desmantelaron un narco túnel transfronterizo que conectaba Tijuana con San Diego, California. La operación, que cumplió una orden de cateo, contó con la participación conjunta de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional.
El túnel, ubicado en el fraccionamiento Nueva Tijuana, tenía una profundidad de 6.3 metros y una longitud de 250 metros. Lo que llama la atención no solo es su tamaño, sino la sofisticación tecnológica con la que fue construido: contaba con luz eléctrica, sistema de ventilación y una plataforma eléctrica deslizante para transportar personas y objetos, presuntamente estupefacientes, hacia territorio estadounidense.
Además, en el inmueble asegurado se encontraron:
– Cuatro cartuchos de arma de fuego
– Tarjetas bancarias
– Tres teléfonos móviles
– Un sistema de videovigilancia
– Distintas identificaciones
– Más de 20 dosis de metanfetamina
– Una bolsa con cannabis
El lugar quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional y a disposición del Ministerio Público Federal en Baja California, por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley General de Salud. Se sospecha que el túnel llevaba meses en funcionamiento para facilitar el tráfico ilegal de personas, drogas, armamento, explosivos y dinero.
Este no es un caso aislado en Nueva Tijuana. En junio de 2025, autoridades estadounidenses detectaron la salida de otro túnel que iniciaba en la misma zona, lo que alertó a las fuerzas mexicanas para intervenir una vivienda en la calle Gustavo Campa. En esa ocasión también se encontraron sistemas eléctricos, ventilación y vías para transportar grandes cantidades de materiales.
Este tipo de construcciones evidencian la compleja red de infraestructura que los grupos delictivos han desarrollado para burlar las fronteras y las políticas de seguridad, mientras las autoridades intentan mantener el control. Para quienes vivimos en la frontera, esto no solo es un recordatorio de la violencia y la corrupción que atraviesan la región, sino también de la necesidad urgente de políticas que aborden las causas estructurales del narcotráfico y la desigualdad.
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