El jueves 28 de mayo de 2026 comienza en el juzgado de lo Penal de Zamora el juicio contra Pedro G., un ganadero de 60 años acusado de homicidio imprudente tras el ataque mortal de sus perros a Arancha C., una joven de 27 años. El trágico suceso ocurrió el 24 de octubre de 2023 en los alrededores de Roales del Pan, un pueblo de apenas 1,000 habitantes en Zamora.
Arancha, auxiliar de enfermería y vecina de la zona, salió a correr con su perro cuando fue atacada por siete perros guardianes de ovejas que el pastor tenía sueltos y sin control. La joven logró alertar a su madre por teléfono mientras sufría más de 100 mordidas, pero falleció antes de que llegaran los servicios de emergencia.
La Fiscalía reclama para Pedro G. una condena de dos años y medio de prisión, mientras que la familia de Arancha pide cuatro años y una indemnización de 250,000 euros. El ganadero no estaba presente en el momento del ataque, lo que podría haber evitado la tragedia si hubiera controlado a sus animales.
Los perros involucrados —tres mastines, dos pastores alemanes y dos cachorros— fueron intervenidos por la Guardia Civil y los servicios veterinarios de Castilla y León, y finalmente sacrificados en un centro especializado en Simancas, Valladolid.
Vecinos de Roales del Pan y La Hiniesta, donde Pedro G. tiene su explotación ganadera, coinciden en que los perros solían estar desatendidos y causaban problemas frecuentes a caminantes, deportistas y agricultores de la zona. “Era cuestión de tiempo”, lamenta uno de ellos, mientras otro recuerda cómo la jauría ya había atacado y matado a un perro pequeño en el pasado.
El acusado se negó a declarar tras su arresto y, aunque ingresó inicialmente en prisión provisional, quedó en libertad bajo fianza a la espera del juicio. La causa busca establecer la responsabilidad del ganadero en el manejo de animales potencialmente peligrosos, especialmente con un historial de incidentes previos.
Este jueves, en el juzgado zamorano, declararán el acusado, la familia de Arancha, peritos y agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar y sufrieron ataques de los perros al llegar. Este caso pone en evidencia la necesidad de regulaciones más estrictas y vigilancia real sobre la tenencia de animales peligrosos, para evitar que tragedias como esta se repitan en comunidades rurales.
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