El pasado abril, la diputada local de Morena, Elisa Limón Balderrábano, presentó una iniciativa en el Congreso de Puebla para controlar el precio de las rentas y frenar el desplazamiento de familias por el aumento en los costos de alquiler. Sin embargo, esta propuesta ha encendido las alarmas entre los profesionales inmobiliarios de la entidad.
Julio Javier Préstamo Abrego, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) Puebla, advirtió que intentar limitar los precios de arrendamiento podría ahuyentar inversiones en el mercado inmobiliario local. Según Préstamo, los inversionistas suelen tardar hasta 20 años en recuperar su inversión a través de las rentas, por lo que una regulación estricta desincentivaría la construcción y oferta de vivienda.
Para ilustrar su punto, el líder inmobiliario recordó el caso de San Francisco, Estados Unidos, donde la regulación del incremento en las rentas provocó una reducción del 15% en la oferta de vivienda. “Reducir el 15% de la vivienda en un estado como Puebla estaría disparando el precio de la renta, porque a menor oferta, mayor precio”, explicó.
En la zona metropolitana de Puebla existen alrededor de 350 mil inmuebles en renta, cifra que no cubre la demanda creciente, especialmente por los 60 mil estudiantes que cada año llegan a la capital poblana y compiten por espacios habitacionales, según Arturo Sánchez, consejero directivo de AMPI Puebla. Sánchez enfatizó que la solución no está en controlar precios, sino en fomentar la construcción de más viviendas para atender el crecimiento poblacional.
Además, Préstamo destacó que Puebla se encuentra entre los seis estados con las rentas más accesibles del país, y que las zonas que más sufrirían con esta regulación serían la capital, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula y Cuautlancingo.
Este debate pone sobre la mesa un dilema clásico: ¿regular para proteger a los inquilinos o incentivar la inversión para aumentar la oferta? Mientras tanto, el déficit habitacional en Puebla ya alcanza un 18%, un problema que, según los inmobiliarios, podría agravarse con medidas que no atienden las causas estructurales del mercado.
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