Menos del 30% de mexicanxs han registrado su línea celular: ¿por qué la desconfianza colectiva?

El viernes 9 de enero de 2026 arrancó en México el registro obligatorio de líneas celulares, una medida que, según el discurso oficial, busca reforzar la seguridad y evitar fraudes telefónicos. Pero a estas alturas, a un mes de que termine el plazo para vincular tu número, la realidad es que la mayoría de la población simplemente no está convencida.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) acaba de revelar que, de las aproximadamente 158 millones de líneas telefónicas activas en el país, solo unas 30 millones han sido registradas. Es decir, menos del 30% de la población ha hecho caso al llamado gubernamental desde el inicio del proyecto. El resto —alrededor de 128 millones de líneas— sigue fuera del radar del registro.

¿Qué pasa si no registras tu línea antes del 1° de julio de 2026?

– Tu línea será suspendida temporalmente.
– Solo podrás hacer llamadas a números de emergencia (911, 089, 088, etc.) o a líneas de soporte del operador.
– Aunque tu línea esté suspendida, seguirás teniendo que pagar tu plan o equipo, porque la suspensión no elimina tus obligaciones contractuales.

Estos lineamientos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, dejan claro que la suspensión será efectiva a partir del 1° de julio de 2026 para todas las líneas no vinculadas. Y sí, aunque tu servicio esté restringido, las empresas seguirán cobrando.

¿Por qué la resistencia?
A pesar de las consecuencias, la respuesta social ha sido de escepticismo. La baja colaboración en el registro refleja una desconfianza colectiva hacia este tipo de controles, que suelen presentarse como soluciones de seguridad pero que, en la práctica, abren la puerta a preocupaciones sobre privacidad, vigilancia y uso de datos personales.

La CRT, consciente del desinterés, lanzó una campaña nacional para incentivar el registro, apostando fuerte por redes sociales, sitios oficiales, operadores de telecomunicaciones, medios masivos y hasta el transporte público como el Metro y Metrobús.

A un mes de que termine el plazo, la pregunta sigue en el aire: ¿realmente la seguridad justifica este nivel de control? ¿O la resistencia ciudadana es una señal de que la confianza en las instituciones necesita algo más que campañas publicitarias para recuperarse?

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