El pasado fin de semana en Cohuecan, Puebla, un comerciante dedicado a la compra de chatarra fue víctima de un linchamiento, un acto de violencia colectiva que, aunque parece salido de otra época, no está tipificado como delito en la legislación estatal. Así lo denunció Andrés Villegas Mendoza, diputado local de Morena, quien urgió al Congreso de Puebla a aprobar una reforma para sancionar con mayor severidad estos hechos.
Puebla se encuentra entre las siete entidades con más casos de linchamiento en México, un dato que debería preocuparnos a todos. Villegas Mendoza recordó que, actualmente, quienes participan en estos actos no enfrentan penas específicas, lo que deja un vacío legal que fomenta la impunidad. Su iniciativa propone hasta 15 años de prisión para los autores materiales y hasta 10 años para quienes inciten o promuevan estas acciones.
El diputado hizo un llamado claro: la justicia no puede ni debe ser tomada por mano propia. Las personas afectadas por algún delito deben permitir la intervención de las autoridades competentes para evitar poner en riesgo la vida e integridad de terceros. Además, exhortó a los ayuntamientos a fortalecer los protocolos de atención ante posibles intentos de linchamiento y a solicitar apoyo estatal oportunamente para evitar más tragedias.
Este debate llega en un momento en que Puebla enfrenta retos importantes en seguridad y justicia social. Mientras tanto, iniciativas como la del diputado Villegas Mendoza buscan cerrar brechas legales que permitan proteger a la ciudadanía sin caer en la violencia colectiva que solo reproduce ciclos de injusticia.
En un estado que avanza hacia sistemas de transporte más inclusivos y sustentables, como el cablebús que se construye para mejorar la movilidad, también es urgente avanzar en la justicia para que la seguridad no dependa de la ley del más fuerte.
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